La situación crítica que enfrenta la Isla Santay pone en evidencia la necesidad de una gestión más eficiente en las áreas protegidas del país. Resulta insuficiente limitar las medidas de seguridad a la colocación de cintas de peligro en infraestructuras dañadas, argumentando una falta de fondos públicos. Si bien las restricciones presupuestarias son una realidad, la inacción administrativa no puede justificarse de manera constante. El personal de guardaparques desempeña un rol esencial que trasciende la vigilancia, ya que su experiencia técnica y su vínculo con las comunidades locales son claves para detectar riesgos y proponer soluciones efectivas. Es imperativo que las autoridades responsables superen la parálisis operativa y prioricen el mantenimiento de este espacio natural, aprovechando el conocimiento de quienes trabajan diariamente en el territorio para garantizar su conservación y seguridad.
Source : El Comercio (EC)
