La escalada de actos delictivos como robos, extorsiones y episodios violentos se ha transformado en una inquietud prioritaria para la población ecuatoriana. Esta situación condiciona el desarrollo de las actividades diarias, el ejercicio del trabajo y el emprendimiento, instalando un clima de temor constante que no debe ser normalizado por la sociedad. El impacto de la criminalidad trasciende el ámbito económico, erosionando la confianza social y la seguridad de las familias. Ante este escenario, los ciudadanos demandan mecanismos eficaces para denunciar los delitos y una intervención estatal contundente que garantice la protección y restablezca la paz pública. La percepción de vulnerabilidad frente a la delincuencia requiere que las autoridades asuman su responsabilidad de fortalecer las estrategias de seguridad para devolver la tranquilidad a la comunidad.
Source : El Comercio (EC)
