Las declaraciones de la exministra Carolina Tohá y el senador Fidel Espinoza han generado tensiones políticas al sugerir que condenados por crímenes de lesa humanidad con enfermedades terminales puedan cumplir el final de sus vidas en sus domicilios. Este planteamiento ocurre en un contexto donde sectores como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario presionan por indultos para uniformados encarcelados en Punta Peuco y otros internos. La discusión se intensifica mientras la oposición enfrenta discrepancias internas sobre el manejo de estas medidas humanitarias. Paralelamente, el Partido Republicano ha respaldado una petición de indulto para Juan Manuel Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, lo que añade complejidad a un escenario político marcado por exigencias cruzadas sobre el sistema penitenciario y las facultades presidenciales de perdón.
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