La reciente disposición del mandatario Daniel Noboa para enajenar bienes raíces del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por un valor aproximado de dos mil millones de dólares ha generado fuertes críticas. Quienes se oponen a la medida sostienen que la decisión del Ejecutivo infringe la autonomía institucional consagrada en el artículo 370 de la Constitución del país. Asimismo, advierten que la comercialización de este patrimonio afecta los recursos del sistema previsional y compromete la estabilidad de las futuras jubilaciones de los trabajadores afiliados.
Source : El Comercio (EC)
