El estado de California implementó normativas que limitan la capacidad de las agencias migratorias, como el ICE, para realizar procedimientos de control en instalaciones hospitalarias. A través de un conjunto de leyes ratificadas por el gobernador Gavin Newsom, se determinó que ciertas áreas de los hospitales públicos poseen salvaguardas legales. Estas medidas impiden que los agentes federales ingresen a dichos espacios sin contar previamente con una orden judicial o una resolución emitida por un tribunal competente. Esta legislación surge en un contexto donde otras instituciones, como los centros educativos, han visto reducida su protección frente a las actividades de control migratorio tras la anulación de directrices federales previas por parte del Departamento de Seguridad Nacional. De esta manera, el gobierno estatal busca garantizar el acceso a la salud sin que los pacientes enfrenten riesgos derivados de su estatus migratorio en zonas consideradas sensibles.
Source : La Nación
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