El Ministerio del Interior de Egipto emitió un comunicado oficial desestimando las acusaciones de malos tratos y torturas presentadas por periodistas arrestados. Estas denuncias fueron expuestas previamente ante la Fiscalía por los propios comunicadores, además de recibir el respaldo de una organización de derechos humanos y el Sindicato de Periodistas egipcio. Según la versión gubernamental, tales señalamientos carecen de sustento real y buscan únicamente evadir los procesos judiciales abiertos contra los implicados. Las autoridades vincularon estas quejas con sectores afines a los Hermanos Musulmanes, grupo calificado como terrorista por el Estado, argumentando que los detenidos enfrentan cargos por realizar actividades en nombre de dicha organización. El gobierno enfatizó que el sistema judicial trata a todos los ciudadanos bajo los mismos principios legales, negando categóricamente cualquier irregularidad en el trato hacia los aprehendidos durante su custodia.
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