La reciente ejecución de la operación Muralla evidencia la persistencia de grupos criminales que operan en la línea divisoria entre Ecuador y Colombia. Estas estructuras delictivas integran el narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilícita y el lavado de dinero, consolidando una red compleja que ejerce control territorial. El análisis sugiere que las respuestas gubernamentales aisladas resultan insuficientes ante organizaciones con capacidad de movilizar recursos y operar transnacionalmente. Por tanto, es imperativo que las instituciones de ambos países establezcan mecanismos de cooperación más sólidos, enfocados en el intercambio de inteligencia financiera y operativa. El objetivo central debe ser desmantelar las bases económicas y logísticas que permiten a estas bandas reclutar personal y sostener su influencia en la zona, superando la fragmentación actual de las políticas de seguridad.
Source : El Comercio (EC)
